EL MODELO DE LIBRE COMERCIO: EXPORTAR HASTA MORIR

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca, octubre de 2007

“Para estos dos TLC (Canadá y AELC) se mantendrá la estrategia de trabajo que se utilizó en el acuerdo con Estados Unidos”. Con esta frase, el jefe del equipo negociador colombiano, Ricardo Duarte , sentenciaba lo que será un nuevo proceso de entrega de la soberanía nacional. Los gobiernos de Colombia y Perú adoptaron como estrategia de “desarrollo” para sus naciones la suscripción de TLC con cuanto país se aparezca, profundizando un modelo económico basado en la exportación de materias prima y especialización en tropicales y abriéndole las puertas de par en par a la inversión extranjera. En este documento se analizan los impactos que tendrá la concreción de un TLC con Canadá y la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC(1).

A partir de 1990 la mayoría de gobiernos de Latinoamérica planteó que el modelo económico debía ceñirse al principio de “exportar o morir” y que la felicidad de nuestros pueblos llegaría en la medida en que arribara la inversión extranjera, como mecanismo fundamental para generar empleo y ahorro. 17 años después, el fracaso teórico y práctico del modelo es evidente. En el caso colombiano, por ejemplo, la producción creció un insignificante 2.63% entre 1991 y 2001, el agro creció 1.5% y la industria 0,45%. Con respecto a la década anterior a la apertura, las exportaciones se redujeron dos puntos porcentuales y en cambio las importaciones aumentaron casi 4%. Como consecuencia la balanza comercial fue negativa en 16.000 millones de dólares y la deuda externa aumentó 858%, mientras que el servicio de la misma creció en 1875%. Todo lo anterior, aun cuando la inversión extranjera creció 1.424%, al pasar de 437 millones de dólares en 1991 a 5.870 en 2001.

Como puede deducirse de la experiencia de la década, el libre comercio y la inversión extranjera están muy lejos de fomentar el ahorro, fortalecer el crecimiento de la economía y desarrollar al país, tal como lo prometieron los gobiernos. Por el contrario, entre 1991 y 2001 se duplicó el desempleo al pasar del 10 al 20 por ciento y hoy más de la mitad (58.5%) de quienes desarrollan alguna actividad son informales, es decir, salen todos los días a realizar cualquier trabajo sin tener un ingreso fijo y sin ninguna seguridad social. En Colombia, recientes estudios indican que la industria no ha generado ni un solo empleo estable en los últimos 14 años, pero sí ha eliminado 215.000 permanentes. La pobreza agobia a la mitad de nuestros habitantes y la miseria campea en las zonas rurales y ciudades. En contraste, lo que sí ha crecido es la concentración de la riqueza. Según estudios del CID de la Universidad Nacional, “las ganancias de las empresas aumentaron más que los salarios, el sector financiero se concentró más, la distribución de la tierra empeoró (según el Igac el 0.06% de los propietarios poseen el 53.5% de la tierra), los impuestos son más regresivos, el pago de servicios públicos es más inequitativo, mientras el empleo apenas si crece por encima de la población y los costos laborales han disminuido en términos reales.” La ampliación de la brecha entre ricos y pobres destruye la producción nacional y deja casi al borde de la extinción a la clase media, y sin más oportunidad que emigrar o dedicarse a actividades ilícitas a miles y miles de compatriotas.

El panorama no podría ser peor. Aun así, los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García insisten en la receta y se lanzan en una orgía de tratados de libre comercio, todos con países más desarrollados que Colombia y Perú. Estos nuevos TLC, como los que se están negociando con la Unión Europea , Canadá y la Asociación Económica de Libre Comercio, AELC, profundizan lo que ya entregaron las dos naciones en el TLC con Estados Unidos.

Además, tales acuerdos buscan hacer irreversible el modelo neoliberal, por cuenta de los compromisos adquiridos y la normatividad que deben aplicar los países. El objetivo de los gobiernos de Uribe y García es disputarse por quién atrae más inversión de las trasnacionales extranjeras. Por el contrario, los países desarrollados imponen como objetivo garantizar un mercado para exportar sus excedentes agrícolas e industriales, establecer maquilas en países donde prevalezca la flexibilización laboral y la mano de obra barata, apoderarse de los recursos naturales –riqueza incalculable de nuestra región–, y crear un marco jurídico que garantice estabilidad y permita a las trasnacionales tomarse nuestros mercados internos, que, aunque pequeños, no son despreciables en la lógica mercantilista.

Los TLC hacen imposible pensar en un proceso alternativo de integración para los pueblos latinoamericanos y del Caribe, por las incompatibilidades entre los países que los han firmado, como México, el bloque centroamericano, Colombia, Perú y Chile, y aquellos otros que están pensando en otro tipo de desarrollo e integración diferentes a los preconizados por las trasnacionales, como es el caso de Venezuela, Uruguay, Bolivia, Argentina, Ecuador y Brasil. Tal situación plantea unos bloques diferentes de desarrollo: el de aquellos países que creen que la única forma de relacionarse con el mundo es por medio de tratados de “libre” comercio y aquellos que buscan fortalecer sus mercados internos, promover el bienestar de la población y sacudirse de encima las doctrinas neoliberales.

Es evidente también que una vez firmado el TLC con Estados Unidos, en las peores condiciones posibles para Colombia y Perú, los gobiernos de Canadá y la AELC no aceptarán concesiones menores a las ya otorgadas a la superpotencia. El gasto importante ya se hizo con Estados Unidos. El libreto ya está escrito y en las nuevas negociaciones no se debe esperar nada diferente.

Sobre el tema concreto de las negociaciones, el gobierno de Uribe no está en condiciones de defender los intereses nacionales en una negociación comercial, como lo demostró el TLC con EU, no solamente porque aceptó todas las exigencias norteamericanas, sino porque la debilidad política lo lleva a ser cada vez más complaciente. Para colmo de males, quien representa al país como jefe del equipo negociador es Ricardo Duarte, un personaje que, además de haber desarrollado buena parte de su carrera profesional en el extranjero, ha pasado los últimos diez años ayudando a empresas extranjeras a penetrar en el mercado colombiano. Su socio ha participado en los procesos de privatización de decenas de empresas estatales. Aquí se va desnudando la naturaleza de quienes deberán asumir la defensa del interés nacional.

El equipo colombiano ha querido presentar lo que se está negociando con Canadá y con la AELC como si fuera totalmente nuevo y, además, como si ambas contrapartes no tuvieran ya suficientemente definido qué es lo que deben lograr. Con base en los antecedentes de negociación tanto de Canadá como de la AELC, analizaremos algunos aspectos concretos de lo que serán los TLC con ellos.

Canadá: siguiéndole los pasos a Estados Unidos

El 7 de junio de 2007, después de la solicitud hecha por los gobiernos de Uribe y García, Canadá anunció la intención de negociar un Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Perú y Colombia. Estos dos últimos, que comenzaron a negociar el 16 de julio de 2007 en Lima, lo harán de forma simultánea. Canadá también pretende negociar con El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, Caricom y Ecuador, por el lado latinoamericano; con Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein (AELC), por el europeo; y Corea y Singapur, por el asiático. De igual forma, Canadá ya suscribió Tratados de Libre Comercio con Chile, Costa Rica, Israel, Estados Unidos y México.

Las pretensiones de Canadá son inocultables. David Emerson, ministro de Comercio Internacional, afirmó que su país ha sido espectador por largo tiempo “ mientras el mercado es tomado por competidores con estrategias comerciales más agresivas”. El objetivo entonces es no quedarse rezagado de la dinámica impuesta por Estados Unidos y la Unión Europea, y la meta, sencilla: “Acceso preferencial a mercados claves” .

El TLC que negocian Colombia y Perú con Canadá será una copia del suscrito con Estados Unidos. Corresponde a los llamados “acuerdos de última generación”, que incluyen, además del tradicional capítulo de acceso a mercados, los capítulos de servicios, inversión, propiedad intelectual y compras públicas. Es tan parecido, que el Ministro de Comercio colombiano, Luis Guillermo Plata, ha manifestado que se siente confiado, “ya que la base para las propuestas presentadas de parte y parte, en buena medida corresponden al contenido de lo acordado con la negociación con Estados Unidos”.

Hasta el momento las tres dos rondas de negociación (la segunda fue en Ottawa el 5 de septiembre y la tercera en Bogotá el 1 de octubre) se han adelantado sin ninguna sorpresa sobre las exigencias canadienses. Se definió que se aplicará el principio de trato nacional, que Colombia –al igual que en el TLC con Estados Unidos– aplicará la política de importación de bienes usados definida por el Comité de Importaciones, lo que significa muy malas noticias para los pequeños y medianos industriales, pues lo aprobado con Estados Unidos en este tema significará la pérdida de producción nacional. En el tema laboral, por ejemplo, los negociadores colombianos se han limitado a indicar que el texto será similar al de Costa Rica, que no hace ninguna mención al tema de migración, y en cambio sí está lleno de retórica sobre la protección laboral y el reconocimiento de la OIT, pero es, como se sabe, para evitar el llamado dumping social, y con un acuerdo de cooperación en temas laborales, para lo cual Canadá ha ofrecido un millón de dólares.

Nuevamente la participación de las organizaciones sociales brilla por su ausencia. Las negociaciones se han realizado en el más absoluto secreto, sin más información que las generalidades planteadas en el tradicional “Cuarto de al Lado”, con la pretensión del gobierno de Uribe de mostrar la presencia de funcionarios de la ANDI, Andigraf, Fedegan, la SAC y Fenalce como “una numerosa delegación del sector privado” , como si los colombianos pudieran estar tranquilos con la representación de estos gremios que avalaron el TLC con estados Unidos y quienes terminarán apoyando cualquier cosa que apruebe el gobierno a cambio de la ilusión de que podrán exportar algunos productos o administrar, a cambio de dinero para las jerarquías, algún proyecto de cooperación.

Aun así, las críticas no se han hecho esperar. La Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce, ha denunciado que los principales intereses comerciales en bienes agrícolas de Canadá son precisamente los productos que este gremio representa, especialmente el trigo y la cebada, dado que Canadá es uno de los principales exportadores, gracias al poder que ejerce el oligopolio, que recibe enormes subsidios del gobierno. Así las cosas, advierte Fenalce, “son más de 12.000 los agricultores cerealistas de clima frío que quedarán expuestos a la competencia de productos subsidiados una vez entren en vigencia los acuerdos bilaterales que adelanta nuestro país”.

Por el lado canadiense la crítica es mucho más fuerte y está relacionada con los mismos hechos por los cuales el Partido Demócrata de Estados Unidos no ha aprobado el TLC. El Nuevo Partido Demócrata canadiense ha expresado que el TLC Canadá-Colombia “ignora las serias preocupaciones sobre derechos humanos”. Según Jack Layton, líder del partido, existe un “inestable ambiente de seguridad en Colombia y de indiferencia del gobierno frente a los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo los conflictos regulares sobre los derechos de los recursos naturales. Las corporaciones canadienses están implicadas en conflictos con comunidades indígenas, que se oponen a más entrada de inversión extranjera en sus tierras”. Leyton advierte que el gobierno canadiense requerirá el apoyo del parlamento antes de firmar otro “acuerdo de libre comercio estilo Bush” , y ellos no apoyarán este TLC porque “agravará la crisis de empleo en el sector manufacturero canadiense”. Mientras los trabajadores colombianos “no estén libres de organizarse sin tener amenazadas sus vidas, nosotros no haremos negocios como de costumbre” , concluye Leyton.

Es importante mencionar que Stephen Harper, primer ministro de Canadá y líder del Partido Conservador, ha sido comparado con el ala más dura de los republicanos de George Bush. Harper apoyó la invasión a Irak en 2003, se solidarizó con las inquietudes estadounidenses en materia de seguridad fronteriza, ha intensificado la cooperación bilateral (Estados Unidos-Canadá) en la “lucha antiterrorista” y endureció la política de migración, en lo que ha sido llamado por organizaciones sociales canadienses como “la importación de medidas de fuerza de estilo estadounidense” . Las persecuciones han recibido el nombre de “la apertura de la veda” .

¿Cómo es el comercio con Canadá?

Colombia tuvo un déficit comercial con Canadá de 225 millones de dólares en 2006. En este año Colombia exportó un total de 275 millones de dólares hacia Canadá, de lo cual el 73% correspondió a productos primarios, principalmente café, carbón y flores. Un 13% de las exportaciones totales corresponden a azúcar, y ya en la tercera ronda Canadá dijo que sería uno de los productos que excluiría de la negociación. Del 24% de exportaciones industriales, el 61% son de bienes agroindustriales como café y azúcar. Solo 2% de las exportaciones totales corresponde a confecciones, 1.4% a textiles y 1.5% a industria básica, como metalúrgica, química básica y papel. Canadá exportó a Colombia en 2006 un total de 500 millones de dólares. El 69.4% de esas exportaciones correspondió a productos industriales, de las cuales el 42% era industria básica, metalúrgica, química básica y papel, el 30% del total de las exportaciones industriales de Canadá fueron de maquinaria y equipo, y el 19,1% de industria automotriz (camiones).

Para el ministro de Comercio de Colombia este panorama no parece tener mucha importancia. En el TLC con Estados Unidos, el gobierno de Uribe defendía la importancia del mercado al que más se exporta y con el cual la balanza comercial es positiva. Con Canadá defiende las posibilidades que existen de llegar a ese mercado. La “ofensiva” colombiana consiste en conseguir acceso para productos como hierbas frescas, frutas y verduras congeladas, flores, azúcar y melazas, gelatinas comestibles, pañuelos faciales, papel higiénico, artículos de vidrio, maderas, artículos para cocina, pijamas y ropa de hogar, y poder importar volquetas, aviones, trigo, lentejas, cebada, arvejas secas, sustitutos sintéticos de plasma humano y propulsores a reacción.

Pero los compromisos que asuma Canadá en acceso a mercados solo serán de orden federal y la mayoría de la legislación canadiense es provincial. Para obtener los beneficios, habrá que buscar que cada provincia ratifique el TLC.

Para Canadá, un TLC con Colombia y Perú representa “significativos beneficios comerciales para muchos sectores de la economía canadiense, incluyendo un amplio rango de la agricultura y agro-alimentos como: trigo, legumbres, frutas y vegetales congelados, alimentación animal y carnes. Equipos para minería e hidroeléctricas, tecnología para comunicación financiera e informática.” Según el ministro de Comercio canadiense, Colombia y Perú significan “mercados establecidos y crecientes para los exportadores e inversionistas canadienses”.

Este último es precisamente el tema que representa mayor interés en las negociaciones. Para el ministro Plata, “la estabilidad en las reglas de juego que ofrece un TLC sin duda contribuiría a estimular aún mayores flujos de inversión”. Hoy las inversiones canadienses en Colombia suman mil millones de dólares, concentradas en los sectores de exploración petrolera, minas, imprentas, calzado, alimentos procesados, educación y distribución de servicios e información tecnológica.

La AELC , pequeños pero poderosos

Los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) no hacen parte de la Unión Europea, pero establecieron su propia área de libre comercio en 1960. Su población no sobrepasa los 12 millones de habitantes, pero son sede de “corporaciones ficticias y usados como pantallas de turbias operaciones. Nadie puede alegar que son un gran mercado”, asegura el industrial colombiano Emilio Sardi.

La AELC tiene tratados de libre comercio con 21 naciones, incluidos México y Chile, y pretende iniciar negociaciones con el Consejo para la Cooperación del Golfo (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos), India, Indonesia, Tailandia, Malasia, Canadá, Colombia y Perú, tan pronto como sea posible. Este TLC tendrá mayor profundidad que los actuales acuerdos de la OMC y resultará en la imposición de un nivel todavía mayor de liberalización económica.

Los temas de negociación son los mismos de los tratados de “última generación”. Analizaremos cuáles serán las solicitudes de la AELC en algunos capítulos.

Servicios: Al igual que todos los TLC, el capítulo se negocia con un enfoque de lista positiva, es decir, se incluyen todos los subsectores de servicios, salvo aquellos que explícitamente un país se niegue a incluir. Es así como queda asegurado que cuando se desarrollen nuevos servicios, por ejemplo, en el sector financiero o de la tecnología de la información, después de negociado un TLC, dichos servicios harán parte automáticamente del Tratado. La AELC también intenta liberalizar el sector financiero, especialmente para mejorar el acceso al sector bancario y de seguros, así como para deshacerse de las regulaciones aplicadas al sector. Para ello, Suiza y Liechtenstein buscan que los países en desarrollo firmen un acuerdo marco que corresponda, al menos al Acuerdo de Compromisos de Servicios Financieros del AGCS, GATS. Tan sólo 30 países, la mayor parte desarrollados, han firmado dicho compromiso. La AELC exige además que se incluya el concepto de Nación Más Favorecida, NMF.

La AELC se interesa en el rápido crecimiento del comercio de servicios en el mundo. Manifiesta además que las compañías que exportan bienes industriales no se limiten solamente a ello, sino que también estén en capacidad de exportar servicios de consultoría, ingeniería, desarrollo de software, mantenimiento, etc. Lo que significa que para Suiza y demás países el obstáculo al comercio de servicios constituye también un obstáculo al comercio de bienes y viceversa.

Inversión: Las medidas adoptadas en el capítulo de inversión buscan adoptar medidas que prohíban a un Estado exigir compromisos de desempeño a inversionistas extranjeros, tales como usar un porcentaje de insumos y empleos locales en la producción, transferir tecnología al país huésped o establecer un porcentaje obligatorio de las utilidades que deben ser reinvertidas. Los inversionistas pueden exigir compensación por la violación de los derechos inscritos en el acuerdo mediante un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Lo anterior les permite demandar directamente a los gobiernos en tribunales internacionales, descartando la jurisdicción de las cortes nacionales.

Un caso concreto es el del TLC entre la EALC y la Unión Aduanera de Sudáfrica, SACU. En él las partes acordaron crear un “ambiente atractivo y estable para las inversiones” , reconociendo la importancia de la inversión extranjera y los flujos tecnológicos como “una forma de promover el crecimiento y desarrollo” . Dichos compromisos están obviamente diseñados para incrementar las ganancias de las trasnacionales de los países de la AELC y restringir las funciones estatales.

Derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos: el TLC exige que, en propiedad intelectual, se incluyan disposiciones inclusive ya eliminadas por los demócratas en el TLC con Estados Unidos. Reclama protección de cinco a diez años sobre los datos de prueba para los medicamentos, dificultando el lanzamiento de medicamentos genéricos al mercado. Exige también una extensión de cinco años en la vigencia de las patentes para compensar por retrasos “irracionales” en el procedimiento de aprobación para lanzar al mercado un nuevo producto. Y exige introducir patentes de segundos usos de medicamentos ya conocidos.

En el TLC entre la AELC y SACU, las partes acordaron que asegurarán la protección adecuada, eficaz y no discriminatoria de los DPI, otorgando Trato Nacional y Nación Más Favorecida, y aprobarán medidas contra las infracciones a los DPI.

Derechos de propiedad intelectual sobre la agricultura: es previsible que en el TLC entre AELC y Colombia se exija que el país ofrezca al menos un grado de protección equiparable al ofrecido por el Acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978 y que acepte otorgar patentes a “invenciones biotecnológicas” , es decir, a plantas y animales.

Productos industriales, productos transformados y recursos naturales: el propósito de los países de la AELC es mejorar el acceso al mercado colombiano para bienes industriales como máquinas-útiles, aparatos, instrumentos, relojería, industria química y farmacéutica e industria agroalimentaria. Entre los diferentes sectores que podrían ser objeto de una liberalización creciente y acelerada, figuran recursos naturales como la madera y demás productos forestales, los productos pesqueros, y recursos energéticos como el petróleo, el gas y los minerales.

El comercio entre Colombia y la AELC: oro por máquinas

Lo que muestran las relaciones comerciales con la AELC es la continuación del mismo esquema de comercio colonial a que ha estado sometida nuestra nación. En su miope visión sobre lo que debería ser el desarrollo de una nación y la necesidad de promover la industrialización, el gobierno nacional se limita a buscar acceso a las mismas exportaciones de hace más de un siglo y a justificar el atraso del país para inundarlo con importaciones de bienes manufacturados y maquinarias. Para Proexport, los sectores en los que Colombia tiene ventaja competitiva para exportar a la AELC son plásticos derivados del polipropileno, joyería y piedras preciosas, confecciones, flores, frutas exóticas, banano y café y derivados.

Las exportaciones colombianas en 2006, que sumaron 354 millones de dólares, correspondieron a frutas y nueces, café, té, aromáticas y especies, textiles, combustibles minerales y aceites, piedras preciosas y metales. Lo anterior representa el 0.36% del total de las importaciones que realiza la AELC. Las importaciones desde ese bloque sumaron 199 millones de dólares en 2006, principalmente grasas y aceites, artículos manufacturados, maquinaria eléctrica, instrumentos quirúrgicos, ópticos y médicos, productos químicos, productos farmacéuticos, productos químicos orgánicos, maquinaria de aplicaciones mecánicas, perfumería y cosméticos y relojes.

Las argucias oficiales para justificar un TLC con AELC

La primera semana de junio se llevó a cabo en Bogotá la primera ronda de negociaciones para la firma de un TLC entre Perú y Colombia y los países que conforman la AELC. La segunda se efectuó del 27 al 31 de agosto en Lima y la tercera está prevista en Génova para finales de octubre del presente año. Para justificar el acuerdo, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia aduce que la AELC ocupa el quinto lugar en el comercio mundial de servicios, tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y es uno de los mayores mercados en materia de flujos de inversión, lo que disfraza el hecho de que el interés de estos países es expandir y diversificar su inversión en Colombia, que para el año 2006 fue de 547 millones de dólares, en el mismo camino de compañías como Nestlé, UBS y Roche.

La Glencore, una trasnacional suiza que detenta la concesión de la mina La Jagua(3), la segunda reserva de carbón del país, fue recientemente blanco de las masivas movilizaciones encabezadas por los habitantes de La Jagua de Ibirico, en Cesar, quienes el pasado 8 de febrero de 2007 protestaron contra el nocivo impacto ambiental causado por la extracción y transporte del carbón y los problemas de salud causados por la actividad minera en la zona, problemas frente a los que la compañía suiza hacía oídos sordos. Tres meses después los trabajadores de la misma compañía se lanzaron a la huelga para exigir un aumento salarial, que se enganche a los obreros subcontratados, se ponga fin a las extenuantes jornadas de trabajo, se garanticen los descansos, se preste asistencia a las comunidades afectadas por la contaminación de la explotación y se proceda a reparar las vías públicas destruidas por las tractomulas del consorcio foráneo. La situación es tan grave que la revista Semana tituló “Un pueblo rico convertido en la tierra del olvido” . Según el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, “de la explotación de este importante recurso no nos quedan a los colombianos sino unas miserables regalías y unos salarios no menos exiguos, tal como sucedía en las épocas nefastas en que primaba sobre el mundo el sistema colonial.”

En el capítulo de inversiones del TLC con la AELC, el Estado colombiano se dispone a aprobar reglas más claras, estabilidad jurídica y un trato justo y equitativo para las trasnacionales, mientras abandona a su suerte a las poblaciones que padecen la presencia de la trasnacional suiza y demás compañías extranjeras que explotan el carbón.

El Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica que suscribió Colombia con la AELC el 17 de mayo de 2006, en el mismo estilo del de cooperación con la Unión Europea, para ir allanando el camino, define concretamente el compromiso de “ crear las condiciones favorables que estimulan los flujos de capital y las inversiones en todos los sectores económicos de mutuo interés, así como asegurar los intereses de los socios implicados”. Expresa para ello l a intención de establecer un marco hacia “la expansión y la diversificación del comercio y de la inversión entre los Estados de la AELC y Colombia” , para lo cual los países buscarán “incrementar sus relaciones económicas, en particular las concernientes al comercio de bienes y servicios, así como a las inversiones, facilitar la creciente participación del sector privado, en particular de las pequeñas y medianas empresas, en la cooperación económica y comercial entre las Partes” , entre otras disposiciones.

Para el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Muñoz, las negociaciones con la AELC serán muy francas y pragmáticas. “Encontraremos soluciones prácticas en los puntos donde se presenten diferencias” , lo que, a la luz de la realidad de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, significa que el gobierno del presidente Uribe cederá en todas las pretensiones de la AELC.

El modelo de desarrollo de los TLC: tirando la llave al mar

Existe suficiente evidencia histórica para demostrar que no es precisamente el libre comercio lo que desarrolla a una nación, sino, al contrario, el fortalecimiento de la economía interna.

Los estudios y los hechos demuestran que el actual modelo de libre comercio obliga a los países pobres a entregar el mercado interno, a especializarse en la producción de bienes primarios para exportarlos a un comercio sobreofrecido y a conseguir las divisas necesarias para importar los bienes de consumo y de capital producidos por las grandes potencias. Así, los países pobres son forzados a exportar cada vez más recursos naturales y productos tropicales a fin de compensar las importaciones de bienes industriales. El deterioro de los términos de intercambio hace que, para mantener las importaciones, los países del Sur deban acudir al endeudamiento, con lo cual el Norte gana no solo porque exporta e invierte obteniendo jugosas ganancias, sino que tiene controlados a los países en desarrollo valiéndose del endeudamiento.

Es necesario entender que nos encontramos ante una globalización neoliberal dictada por las grandes potencias económicas y acogida obedientemente por muchos países latinoamericanos. Este modelo económico, afirman teóricos como Joseph Stiglitz, corresponde a un “ régimen de comercio global injusto que impide el desarrollo”. Es conducido –además- por “un sistema financiero global inestable que resulta en crisis recurrentes, donde los países pobres se encuentran, una y otra vez, agobiados por una deuda insostenible”.

Los latinoamericanos hemos sido testigos de la crisis social económica desatada por el modelo económico neoliberal. Los resultados eran previsibles y serán más gravosos a la luz de los nuevos TLC. No contentos con las falacias teóricas con que pretenden justiciar los TLC, las naciones desarrolladas someten a los gobiernos lacayos a aceptar unas condiciones a todas luces vergonzantes que menoscaban la dignidad nacional. Los países pobres, por ejemplo, son obligados a abrir por completo los mercados internos y a permitir, sin que les sea autorizado contrarrestarlos, los subsidios brindados por las naciones ricas a los propios productores. La situación empeora en el caso colombiano, pues el desprestigio mundial del gobierno de Uribe, untado a más no poder por la parapolítica, lo obliga a ceder en todo a las imposiciones extranjeras con tal de conseguir así sea un mínimo respaldo internacional.

El propósito de gobiernos como el de Uribe y García es atraer la mayor cantidad de inversión extranjera posible, aun cuando se sabe por una experiencia ya casi secular que, lejos de generar progreso y crecimiento económico, aquella ha propiciado inestabilidad cambiaria, una constante sustitución del capital nacional por el extranjero y una crisis laboral estructural. La búsqueda del progreso comienza con educación e inversión estatal y privada para investigación en ciencia y tecnología. Pero los TLC oponen demasiadas trabas a una política autónoma que desarrolle nuestros pueblos. Lo que buscan es establecer una educación ‘pobre para pobres’ y al servicio de las trasnacionales, que cumpla los estándares de una mano de obra semicalificada pero sin ningún nivel científico.

El modelo globalizador es tan salvaje que ni siquiera los países que lo impulsan se salvan del impacto que genera. Implica salarios bajos y menos protección laboral para los trabajadores de dichas naciones. Stiglitz señala que “la integración económica plena implica la igualación [a la baja] de los salarios no calificados en todas partes del mundo (…) y los cambios en la tecnología contribuyeron al casi estancamiento de los salarios reales para los trabajadores poco calificados en Estados Unidos”. Este país y “otros que siguieron su ejemplo se están convirtiendo en países ricos con gente pobre” , anota .

Los TLC son el instrumento para ponerle cerrojo al modelo neoliberal. Lo que sufren los países que suscriben tales acuerdos es lo más parecido a la recolonización. El texto final termina siendo una especie de hoja de ruta de la forma como las trasnacionales de las potencias, escudadas en sus gobiernos, ponen de rodillas a nuestros países.

Conclusiones

Los movimientos populares no pueden ignorar cuál es el papel que juegan, en la lógica del capitalismo, países como Canadá y los de la AELC. No buscan otro objetivo que la ganancia y para obtenerla deben disputarse unos mercados cada vez más saturados. Quienes dirigen las luchas en los países pobres por las reivindicaciones sociales no pueden caer en conciliaciones con quienes se proponen acabar de arruinarlos. Ante la nueva arremetida la única salida es movilizar todas las organizaciones para rechazar los tratados. No aceptamos el tipo de relación prevaleciente donde todas las ganancias son para los países ricos y todas las miserias para los pobres.

Ante la agresiva estrategia que adoptan las potencias buscando defender sus intereses, los pueblos de Latinoamérica y el Caribe debemos avanzar hacia otro tipo de integración que tenga como prioridad el bienestar de la población. Analicemos en detalle los procesos alternativos que se vienen dando en la región, y si estos son beneficiosos para nuestros ciudadanos, trabajemos para que se hagan una realidad. Pretendemos un modelo económico incluyente, con oportunidades para todos los ciudadanos.

(1)Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein.

(2)Glencore es además propietaria de la mina Consorcio Mineros Unidos, adquirida en agosto de 2006, de la mina Calenturitas en La Loma , en julio de 2004, y del puerto Prodeco, ubicado en Santa Marta, desde donde exporta el carbón hacia Europa y Estados Unidos.

(3)Nota del autor.

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